Miércoles, 06 de Julio de 2011 07:59

Juicio sumario (Justicia pronta y expedita)

Lic. Laura Guzmán Villeda

He tratado algunas veces de reflexionar sobre los motivos por los cuales, los particulares se oponen a hacer valer sus derechos frente a actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades fiscales y administrativas, y uno de los posibles factores que nos ha llevado a la apatía en este sentido, ha sido el tiempo que tarda el proceso de resolución de estas controversias planteadas ante la autoridad competente.

En ese orden de ideas, resulta poco práctico para los contribuyentes, esperar a que se resuelva un juicio que en condiciones ideales tarda entre ocho meses y un año (cuando menos) para resolverse; sobre todo, cuando la cuantía del asunto no resulta significativa; por lo que comúnmente se determina consentir el acto de autoridad, aún cuando se esta consiente de que el mismo no reúne los requisitos legalmente establecidos.

En virtud de lo anterior, considere prudente hacer de su conocimiento, la próxima entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día diez de diciembre de dos mil diez, en el que entre otras cuestiones, se introduce una nueva modalidad del juicio contencioso administrativo, denominado juicio sumario.

El juicio en la vía sumaria es definido como el juicio contencioso administrativo federal, que resulta procedente en los casos que se refieren en el Capítulo XI, del Título II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, cuando la impugnación se realice en contra de resoluciones definitivas (1) cuyo importe no exceda de cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al año al momento de su emisión, lo que se traduce a la fecha en un monto de $109,171.15, el cual solo se refiere al crédito principal, sin que se incluyan accesorios (2)  ni actualizaciones.

Del mismo modo, procederá el juicio contencioso administrativo en la vía sumaria, en aquellos casos en que la resolución que se impugne, haya sido emitida en contradicción a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de inconstitucionalidad de Leyes, o una jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Entre las causales de improcedencia del juicio sumario, encontramos aquellas relacionadas con la impugnación de manera conjunta de alguna resolución que si cumpla con las condiciones establecidas, y otra que no; del mismo modo se excluyen las sanciones económicas impuestas en materia de responsabilidad de los servidores públicos, y propiedad intelectual; así como aquellas que además de imponer una sanción económica, establezcan sanciones de otra índole.

(1)Serán resoluciones definitivas para efectos del juicio sumario: a) Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos autónomos, por las que se fije en cantidad líquida un crédito fiscal; b) Las que únicamente impongan multas o sanciones pecuniaria o restitutoria, por infracción a las normas administrativas federales; c) Las que exijan el pago de créditos fiscales, cuando el monto de los exigibles no exceda el importe citado; d) Las que requieran el pago de una póliza de fianza o de una garantía que hubiere sido otorgada a favor de la Federación, o de organismos fiscales autónomos o de otras entidades paraestatales de aquélla; e) Las recaídas a un recurso administrativo, cuando la recurrida sea alguna de las consideradas en los incisos anteriores y el importe de esta última no exceda el antes señalado.

(2)El Código Fiscal de la Federación, define en su artículo 3º, párrafo segundo, como accesorios de las contribuciones: los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21, del citado Código, por lo que a mi  consideración es innecesaria la referencia que se hace en el artículo 58-2, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sobre la actualización, pues esta se trata de uno de los accesorios de las contribuciones.


Se hace una observación en relación al ofrecimiento de la prueba testimonial, ya que el juicio en la vía sumaria, solo será procedente cuando habiendo ofrecido dicha prueba, la parte oferente de la misma, se comprometa a presentar a sus testigos, ya que en caso contrario, se declarara improcedente el juicio sumario y el mismo se tramitará en la forma ordinaria (3) que se prevé en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La ventaja de la introducción de esta modalidad del juicio contencioso administrativo, es que se reducen considerablemente los plazos otorgados para la presentación de promociones y en consecuencia para la tramitación del juicio en general, lo que se traduce en la impartición de justicia pronta y expedita.

A continuación se presenta una tabla en la que se muestran las diferencias en cuanto a plazos, entre el juicio contencioso administrativo que no se ubica entre los supuestos previstos para el juicio sumario, y los previstos para éste último:

(3) En el presente documento se le denominará por razones prácticas, vía ordinaria al juicio contencioso administrativo que se instruye en los plazos y términos que originalmente se contemplaba en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de la existencia de la vía sumaria, y que continúa siendo vigente para todos aquellos supuestos no contemplados por el artículo 58-2 de la citada Ley.


En este contexto podemos advertir, la considerable reducción de los plazos en tratándose de juicios sumarios, lo cual nos conlleva a una agilidad en el proceso que va acorde con las necesidades de los contribuyentes.

Aunado a lo anterior, se prevé que en el mismo auto de admisión de demanda, se fijará la fecha para el cierre de instrucción del juicio, el cual el cual no podrá exceder de los sesenta días siguientes a la emisión de dicho auto; de donde se advierte que se tiene contemplado que la duración de instrucción de un juicio sumario, en condiciones ideales no puede ir mas allá de los dos meses.

Esta reforma entra en vigor a partir del día 1º de agosto de 2011, por lo que solo nos basta esperar que estos plazos efectivamente sean respetados por las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quienes se verán presionados por una inmensa carga de trabajo, ya que me atrevo a asegurar que en su mayoría los asuntos que instruyen, no superan el importe señalado como máximo para la procedencia del juicio sumario, por lo que tendrán que implementar acciones tendientes a reducir sus tiempos, para cumplir con lo previsto en la reforma, ya que me queda claro que por lo que hace a los litigantes, no tendremos excusa alguna para excedernos en tiempos ya que cualquier error en este sentido tendrá como efecto el desechamiento por extemporaneidad.

En virtud de lo anterior, el tiempo para la tramitación de un procedimiento contencioso administrativo, no será pretexto para accionar la función jurisdiccional del Estado, y exigir a través de la misma el pleno cumplimiento de las disposiciones aplicables por parte de las autoridades fiscales que no se apeguen a las mismas.

Última modificación Miércoles, 16 de Noviembre de 2011 09:02
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